Abstract (Spanish):

Con el fin de avanzar en las coberturas de agua potable y saneamiento, los países de la región emprendieron un activo proceso de revisión y reforma de las legislaciones sectoriales vigentes. En este reporte nos concentramos en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. En la actualidad, todos los países estudiados cuentan con un marco normativo reformulado. Chile y Colombia aprobaron sus reformas tempranamente, 1988 y 1994, respectivamente. Los demás países adoptaron reformas con posterioridad al año 2000. Ecuador y Perú cuentan con reformas más recientes; Ecuador reformó su regulación el año 2014 y Perú el 2016.

A pesar de algunas diferencias, se observan elementos comunes en las reformas adoptadas por los países de la región. Todas las reformas separan las funciones de definición de políticas sectoriales y planificación estratégica de las de regulación económica, fiscalización y control de las empresas prestadoras. Es así como se crean agencias reguladoras cuyas funciones son fiscalizar, controlar, supervisar y regular; entre otras. Además, se busca otorgar autonomía a las agencias reguladoras. Esto porque, anteriormente, la gestión de los servicios urbanos estuvo fuertemente politizada, tanto en los niveles centrales como locales del Estado.

Todos los países, con la excepción de Bolivia, establecen que las tarifas deben ser eficientes; es decir, se propicia que las tarifas reflejen el costo de oportunidad del recurso. Además, las tarifas deben ser fijadas tal que recuperen los costos de operación, administración y mantención. En el caso de Chile, Colombia y Perú se busca, además, que cubran los costos de inversión necesaria para asegurar la cobertura de agua potable y saneamiento. El principio de equidad esta explícitamente establecido en las legislaciones de Bolivia, Chile Ecuador y Perú, e implícitamente considerado en las regulaciones de Brasil, y Colombia. Todos los países consideran el principio de accesibilidad, que estable que el sistema tarifario debe considerar que toda la población tenga acceso al agua. El principio de transparencia es considerado en todos los países a excepción de Chile.

Todos los países estudiados tienen tarifas en dos partes – tarifa fija y tarifa variable. Solo Chile cuenta con tarifas variables uniformes independiente del nivel de consumo; los demás países tienen tarifas variables en bloques crecientes, diferenciados por categorías de usuarios (residenciales versus no residenciales). Las estructuras de las tarifas de alcantarillado son similares a las de agua potable en cada país.

Bolivia, Brasil y Ecuador consideran el costo medio de corto plazo para fijar sus tarifas, mientras que Colombia y Perú basan su cálculo tarifario en el costo medio de largo plazo. Chile es el único país de los estudiados que basa su cálculo tarifario en el costo marginal de largo plazo, considerando ajustes para asegurar que las empresas recuperen sus costos. En Perú, la metodología se basa sobre costo medio, pero con el objetivo de convergir progresivamente hacia el costo incremental de largo plazo.

Los responsables del cálculo y aprobación de las tarifas de agua potable y saneamiento varían entre los países. En Bolivia, Brasil, Colombia, y Ecuador, los operadores realizan los estudios tarifarios, de acuerdo con la metodología definida por los reguladores. En Chile tanto las empresas sanitarias y el regulador realizan los estudios tarifarios de acuerdo con las bases elaboradas que propone el modelo de empresa eficiente para cada concesión. El regulador es el responsable del cálculo tarifario que se propone a los operadores en el caso de Perú.

Co-authored with Guillermo Donoso.